La situación no puede ser más desoladora

La situación no puede ser más desoladora: una caída de la economía española en el año en curso del 2,8%, según el el servicio de estudios del BBVA, o de un 3% según la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) -la peor caída en su producto interior bruto desde el final de la Guerra Civil-, lo que traducido en paro supone una tasa del 17,7% en 2009, que rondará el 20% el año que viene, que a su vez implicará una morosidad media en el sistema financiero de alrededor del 9%, lo que entraña que una docena o más de entidades del sector entrarán en pérdidas.
ZP cambia de gobierno, ¿han sido elegidos los mejores para esta coyuntura? Por ejemplo, ¿por qué, en el ministerio clave, ha preferido a Elena Salgado en lugar de un político con peso como Almunia o de un joven con solvencia como David Vegara? ZP piensa que puede con todo, que no necesita a un Solbes,

pero lo que sirve tan bien para la estrategia presidencial de Zapatero no es en absoluto seguro que sirva también para la estrategia de gobierno que precisa la economía española, colocada por la crisis en situación de coma profundo. Convendría que la flamante vicepresidenta gozase de credibilidad suficiente para influir sobre los mercados con capacidad de iniciativa, fuerte liderazgo y plena autoridad moral, lo que, hoy por hoy, no tiene garantizado.

La paradoja de los regímenes formalmente democráticos no es que en la práctica sean oligárquicos, escasamente transparentes, manipuladores de las opiniones públicas e inoperantes ante una crisis. Es que el sistema político y económico atribuye la solución de los problemas a los causantes de ellos, la reforma de las instituciones a los que son beneficiarios de la institucionalidad existente y la elaboración de proyectos de futuro a los que sólo piensan en términos cortoplacistas, elecciones o beneficios.

Los que se benefician hoy del sistema institucional, o son sus cómplices, difícilmente lo cambiarán. Lo mismo ocurre con la ley electoral, pendiente desde 1980. Las propuestas de renovación no pueden emerger de las instituciones políticas actuales. Pueden ser gestores correctos, no innovadores. Esta responsabilidad debe ser asumida por los sectores intelectuales y profesionales, por los movimientos sociales y culturales, por los responsables económicos. Si piensan en términos de interés general.